Por: Alejandra Carrillo Olano en conjunto con Voces que florecen en libertad1

Foto: Boca de Polen
En México, la libertad de expresión y de prensa sigue siendo una conquista en disputa. Aunque reconocida como un derecho fundamental, su ejercicio enfrenta múltiples obstáculos que evidencian una democracia incompleta. En este escenario, los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos no solo resisten: sostienen una forma distinta de entender la comunicación, como un derecho colectivo y una herramienta para la vida comunitaria.
De acuerdo con informes de Artículo 19, la situación es alarmante, pues hasta ahora se tienen registradas cerca de 700 agresiones contra la prensa. Desde el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), en 2025 se registraron 338 agresiones contra mujeres por ejercer una labor informativa.
A esta realidad se le suman dos escenarios más. Por un lado, la nueva forma de censura: el acoso judicial. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se documentaron 51 casos de periodistas llevados ante tribunales o autoridades administrativas, principalmente electorales. Por el otro, si hablamos del trabajo informativo que se hace en territorios indígenas, rurales, campesinos o afromexicanos, no se puede dejar de lado las cifras que evidencian el alto índice de agresiones a defensores del territorio y del medio ambiente; labor que también es realizada por gran parte de las comunicadoras y comunicadores comunitarios. Datos presentados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C, en su informe 2025, registran 314 agresiones, de las cuales el 75% de la violencia reportada ocurre en el sector de la sociedad civil organizada y las comunidades indígenas, y 89 de los ataques fueron hacia mujeres, situación que sitúa a México entre uno de los países con mayor riesgo para las personas defensores, solo por debajo de Colombia y Guatemala.
Estos datos no solo reflejan violencia directa, sino también un entorno de impunidad y permisividad. Como advierte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las agresiones contra la prensa forman parte de una crisis más amplia de derechos humanos en el país, donde informar implica riesgos constantes y donde las instituciones no han logrado garantizar protección efectiva.
Pero más allá de las cifras, la discusión sobre la libertad de expresión y de prensa, cobra otro sentido cuando se mira desde los territorios.
De acuerdo con el Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, la libertad de expresión “no puede entenderse únicamente como un derecho individual, sino como una dimensión colectiva profundamente vinculada al territorio”, y debe entenderse como un derecho colectivo vinculado a la vida comunitaria, la autonomía y la defensa del territorio. En estos espacios, comunicar es también preservar la lengua, fortalecer la identidad y participar activamente en las decisiones que afectan a los pueblos.
Las voces desde las radios comunitarias insisten en que “nunca nos van a callar”, a pesar de los escenarios de censura en el que actualmente ejercen su labor comunicativa, como lo compartió Élfego Riveros, fundador de Radio Teocelo y comunicador popular con una trayectoria de más de seis décadas en la comunicación comunitaria en México, medio que ha sido criminalizado en distintas ocasiones por ejercer derecho a comunicar de manera libre e informada.
Todo esto dialoga directamente con lo señalado en el Foro Nacional sobre Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación de los Medios Comunitarios e Indígenas, realizado el mes pasado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde, desde la sociedad civil y representantes de instituciones, se advirtió que el uso de mecanismos legales —como la violencia política en razón de género— puede ser instrumentalizado para inhibir el debate público y censurar a medios críticos.
Desde esta mirada, los medios comunitarios no son solo canales de información: son espacios de organización política y social. Funcionan como “herramientas contra el olvido”, permitiendo a las comunidades disputar narrativas y posicionarse como sujetos políticos, no como simples audiencias.
Además, estos medios operan bajo lógicas distintas a las del mercado. No responden a intereses comerciales, sino a procesos colectivos, asamblearios y comunitarios, pues la comunicación en estos contextos es un ejercicio de autonomía que se construye desde abajo, de acuerdo con el comunicado presentado por el Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas en dicho foro.
Sin embargo, su importancia contrasta con el abandono institucional. La falta de políticas públicas adecuadas, financiamiento y capacitación —sumada a la violencia estructural— limita su desarrollo. Incluso desde organismos como la UNESCO se ha reconocido que los comunicadores comunitarios enfrentan no solo riesgos físicos, sino también nuevos desafíos en el entorno digital, como la desinformación y la violencia en línea.
En este contexto, la defensa de la libertad de expresión no puede reducirse a proteger a los grandes medios o a garantizar marcos legales formales. Implica reconocer y fortalecer a quienes históricamente han sido excluidos del derecho a comunicar.Hoy, más que nunca, la libertad de prensa en México se juega en los territorios: en las radios comunitarias, en los colectivos de comunicación indígena, en las voces que, pese a todo, siguen diciendo lo que incomoda. Defenderlas no es un acto de solidaridad, es una condición para que la democracia exista.
- Organizaciones que integran Voces que florecen en libertad: Canto de Cenzontles, Radio Teocelo, La Coperacha, La Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Ojo de Agua Comunicación y Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA. ↩︎

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